EDUCACIÓN 21

El currículo y el posconflicto: un tema en conflicto

Tany Giselle Fernández Guayana

Candidata a Magíster en Educación y Desarrollo Humano. Especialista en Desarrollo Personal y Familiar. Licenciada en Pedagogía Infantil. tany.fernandezg@gmail.com

 

 

En estos tiempos álgidos, pero a la vez esperanzadores para el país, es imprescindible preguntarse cuál es el aporte del currículo en los procesos de postconflicto que se esperan en la sociedad colombiana. Si bien el currículo es aquella construcción que responde a la pregunta ¿qué se debe enseñar? (Kemmis, 1988), es importante que los agentes educativos centremos la atención en buscar una autonomía curricular que atienda a las nuevas necesidades sociales del país.

 

Según Pineda y Loaiza (2017) desde 1960 hasta 1994, la educación en Colombia ha dependido de currículos extranjeros. Así sucedió con la Misión Pedagógica Alemana con la cual se buscó erradicar el analfabetismo y el ausentismo escolar, aumentar el profesionalismo y mejorar la calidad educativa. De igual forma ocurrió con la importación del currículo de la Organización de los Estados Americano (OEA) a fin de hacer una reforma técnico-instrumental. Si bien sus aportes tuvieron impactos en la transformación de la educación a la era moderna, el país, tuvo influencias hegemónicas de orden político y económico por las ideologías neoliberalistas que traían consigo estos vínculos extranjeros.

 

Al importar currículos de otros países, se corre con el riesgo de homogeneizar a una población debido a que se deja de lado el capital cultural de cada país y se imponen una serie de normativas sin tener en cuenta la idiosincrasia y las verdaderas necesidades de la comunidad. Por lo tanto, el currículo importando ejerce hegemonía y mecanismos de control. Al respecto, Apple (1990) expresa que el currículo requiere trabajo desde lo político y lo económico en relación con la escuela, pero centrarse en esa única mirada, colocaría en riesgo el capital cultural.

 

Hoy día, nos rige la Ley General de Educación (1994) donde se estipula que el currículo “es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural… incluyendo los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional” (Artículo 76). Con ello, el currículo pasa a ser más que un “plan de estudios” como se comprendía en las teorías tradicionalistas, ahora, este comprende las experiencias, los saberes, las formas y los sujetos implicados en todo el acto educativo, por consiguiente, por primera vez en el país, el currículo toma un rombo autónomo.

 

A su vez, en el Artículo 76 de la misma Ley, se especifica que “dentro de los límites fijados… las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimiento… introducir asignaturas optativas… adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas…”. Aquí entonces, la apertura y la flexibilidad del currículo tienen protagonismo en la medida que se adecua a las necesidades de cada colegio y comunidad que la conforman. A partir de ello, se puede afirmar que, en la sociedad colombiana, el currículo es apto para su población porque es contextualizado y posibilita el desarrollo pertinente de los sujetos. No obstante, la realidad impide que se viva de esa manera.

 

En el Artículo 78 de la mencionada Ley, se aclara que el Ministerio de Educación Nacional es el encargado de diseñar los lineamientos generales de los procesos curriculares, aspecto que deja en vilo la autonomía de los colegios. Estos, siempre se deberán regir bajo los parámetros expuestos por el Ministerio. Entonces ¿hacia dónde apunta la educación que estipula el Gobierno?. Este es el caso del “círculo vicioso” donde la autonomía pasa a ser utopía, porque, sin importar que ya no se importen currículos extranjeros, son ahora los intereses políticos (neoliberales) los que están direccionando a qué tipo de ciudadano se debe formar.

 

Dado lo anterior, ¿En dónde se estarían reconociendo a los niños, niñas y jóvenes que han sido víctimas del conflicto y que se han desmovilizado?, ¿el currículo de las instituciones educativas colombianas está adaptado para que los estudiantes sean capaces de aceptar su reivindicación? Allí, es donde surge la tensión entre lo que realmente es importante enseñar y lo que responde a unas necesidades políticas particulares.

 

A pesar que la Ley General de Educación da vía libre a la organización del currículo según las necesidades y características regionales, lamentablemente, las instituciones educativas públicas y privadas se ven coartadas en sus idearios. Al final, deben responder a las exigencias del gobierno a fin de ser bien evaluadas. Esto se evidencia con las pruebas estandarizadas.

 

En consecuencia, el currículo en Colombia está puesto en duda. Se debería partir por el cuestionamiento a los entes políticos para reorientar la respuesta a la pregunta: qué se debe enseñar. Porque, a pesar que, cada Institución intenta vivir su autonomía curricular, hace falta que todo un país una sus fuerzas para centrar sus ideales en lo que verdaderamente necesita la sociedad colombiana, en este caso, la inclusión, el potenciamiento y la re-dignificación de los niños, niñas y jóvenes víctimas y participantes del conflicto armado. Es allí donde el currículo a partir de la diferencia y el reconocimiento del Otro posibilita la construcción otros mundos posibles.

 

Referencias

  • Apple, M. (1990). Ideology and Curriculum. New York: Routledge
  • Kemmis, S. (1988). El currículum. Más allá de una teoría de la reproducción. Madrid: Ediciones MORATA
  • Pineda Rodríguez, Y. y Loaiza Zuluaga, Y. (2017). Un análisis del trayecto histórico del currículo en Colombia. Segunda mitad del siglo XX. Revista de Investigaciones UCM, 17(29), 150-167.
  • Ministerio de Educación Nacional. (1994). Ley General de Educación

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